Póngale Cero

Mr_oD · November 28, 2019 at 12:32

El escuadrón....

Nacional

Jueves 28 noviembre de 2019 | Publicado a las 08:52 · Actualizado a las 09:16

Dirigentes de la Mesa de Unidad Social llegan a La Moneda para reunirse con ministro Blumel

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/28/dirigentes-de-la-mesa-de-unidad-social-llegan-a-la-moneda-para-reunirse-con-ministro-blumel.shtml

Draconus · November 28, 2019 at 12:32

Mr_oD · November 28, 2019 at 12:43

La Constitución

Introducción

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El término “constitución” deriva del latín (cum “con o conjuntamente” y statuere “establecer”), corresponde a la norma interna más importante de un Estado de derecho soberano. Así, se dice que la Constitución es la norma jurídica, escrita o no, de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Por esto, la constitución de un Estado también es llamada Carta Magna o Fundamental y, en algunos textos nacionales más antiguos, Código Político.

Desde el punto de vista conceptual, la Constitución es el “orden jurídico fundamental de la comunidad. La Constitución fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas del Estado. Contiene los procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la Comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto.” (Hesse, 2011).

En ella se determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución. En nuestro sistema jurídico se complementa con las leyes orgánicas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución. Las primeras son una categoría especial de normas dentro del ordenamiento jurídico chileno, establecidas por la Constitución de 1980, de carácter complementario que versa sobre materias expresamente previstas en el texto constitucional; las últimas se dictan con el fin de interpretar auténticamente sus preceptos.

Se dice que una constitución es legítima cuando refleja los valores, principios y las creencias aceptadas por la sociedad, por lo cual los pueblos democráticos pueden darse nuevas instituciones, si estiman que estas ya no reflejan sus principios y creencias. Esto pues, de acuerdo al filósofo Jürgen Habermas, el derecho no puede basarse “sólo [sic] en la contingencia de decisiones arbitrarias y discrecionales, esto es, no puede basarse sólo [sic] en la decisión, sin que ello redunde en pérdida de su capacidad de integración social”. En este sentido, cuando existe (o se percibe) un déficit de legitimidad no quiere decir que las normas dejen de ser aplicables, sino que “el derecho debe su fuerza vinculante a la alianza que entablan la positividad del derecho y su pretensión de legitimidad” (Habermas, 1998).

Apartados de una Constitución Política
Si bien existen casi tantas constituciones como Estados soberanos, puede decirse que algunas de ellas consideran cinco apartados o partes: preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, procedimiento de reforma y disposiciones transitorias. En otros casos, las constituciones constan de tres partes, al no considerar preámbulo ni disposiciones transitorias.
- Preámbulo: también conocido como “exposición de motivos”, corresponde a la parte introductoria donde se ofrecen antecedentes y razones por las cuales el Poder Constituyente establece la carta fundamental. El preámbulo, al igual que en ciertos tratados o instrumentos internacionales, constituye un importante elemento interpretativo.
- Parte dogmática: parte en la que se establecen principios básicos del Estado como el régimen democrático y el respeto a los derechos fundamentales, del mismo modo, trata los derechos y garantías .
- Parte orgánica: se expresa la forma jurídica del Estado, la forma de gobierno, los poderes del Estado, sus órganos y las autonomías constitucionales, las relaciones entre ellos y sus respectivas competencias.
- Procedimiento de reforma de la Constitución: apartado en el que se indican los órganos, procedimientos y quórum requeridos para su modificación.
- Disposiciones transitorias: normas que tienen como finalidad facilitar el paso de un ordenamiento jurídico regido por determinadas normas a otro, o bien normas que permiten adecuar la entrada en vigor de reformas constitucionales.
Historia constitucional de Chile
Entre 1811 (pleno período de Independencia) y 1830 se suceden en nuestro país diversos intentos por reglamentar la convivencia nacional. Con posterioridad a 1818, el lapso comprendido entre 1823 a 1829 ha sido considerado como un período de “ensayos constitucionales” o de “organización de la República”. Con la Constitución de 1833 se estructura un Estado fuerte, con un régimen presidencial marcado en armonía con las necesidades de los grupos gobernantes de la sociedad.

Tradicionalmente se ha dicho que esta constitución inauguró un período de estabilidad institucional que dura casi un siglo, hasta 1924. Esta estabilidad habría sido inédita en el contexto latinoamericano, donde las constituciones y los gobiernos en general se sucedieron con mucha frecuencia. Con todo, esta última no es necesariamente sinónimo de estabilidad política.

La Guerra Civil de 1891 es un quiebre político institucional de gran envergadura, que tiene también una dimensión constitucional. Así, el argumento del sector opositor al Presidente Balmaceda es que este habría violado las leyes periódicas establecidas en la Constitución de 1833.

En el siglo XX, la Constitución de 1925 consagró un régimen presidencialista puro y otorgó al Estado un rol importante en el desarrollo económico y social del país. Producto del golpe de Estado de 1973, la Constitución de 1925 pierde su vigencia, siendo reemplazada por bandos militares y decretos leyes (D.L. Nº 1 de 11 de septiembre de 1973), hasta el año 1980 en que se promulgó una nueva Constitución.

Esta nueva Constitución sufrió importantes reformas durante los últimos 25 años, siendo las más importantes las de 1989 (principalmente la modificación del artículo 5º relativa a derechos fundamentales y la eliminación del artículo 8º), 2005 (que elimina algunos de los enclaves autoritarios) y 2015 (que termina con el sistema binominal). Dichas modificaciones también tuvieron un correlato en leyes orgánicas constitucionales y otras normas.

Ensayos constitucionales

Posterior al establecimiento de la primera Junta de Gobierno de 1810, en el período conocido como Patria Vieja, surgen algunas normativas de carácter temporal, mientras se encuentra cautivo el Rey de España, Fernando VII. Estas son:
- Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Provisoria de 1811: también conocido como Reglamento Constitucional de 1811. Se dictó al año siguiente de haberse establecido la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de Septiembre de 1810, siendo promulgado el 14 de agosto de 1811. Ese texto estableció un Ejecutivo colegiado de tres miembros y un Congreso unicameral, con facultades propias del Ejecutivo. Un golpe militar encabezado por José Miguel Carrera, el 4 de noviembre de 1811, puso término a este reglamento.
- Reglamento Constitucional Provisorio de 1812: promulgado por José Miguel Carrera el 27 de octubre de 1812, estableció un Ejecutivo a cargo de tres personas, un Legislativo unicameral (Senado Consultivo) y se reconoció la autoridad del Rey de España. Tuvo una corta duración, siendo derogado el 6 de octubre de 1813.
- Reglamento de Gobierno Provisorio de 1814: fue promulgado el 17 de marzo de dicho año, correspondiendo históricamente a fines del período conocido como Patria Vieja. Instauró el título de Director Supremo con amplias facultades, en gran parte influenciado por la Guerra de la Independencia. Su cargo tenía una duración de 18 meses, al término de los cuales quedaba sujeto a juicio de residencia. Con este reglamento el Senado perdió su carácter representativo, transformándose en un organismo meramente consultivo. Fue suspendido en octubre de 1814 con la Reconquista.
Con la proclamación y jura de la independencia nacional, el 12 de febrero de 1818, se dio inicio a una nueva etapa para Chile: la Patria Nueva. Varios gobiernos, hasta 1831, coincidiendo con el inicio del gobierno de Joaquín Prieto, ensayan normas que regulen la convivencia de los chilenos a través de diversos textos constitucionales. Estos son:
- Constitución Provisoria de 1818: el Director Supremo, Bernardo O’Higgins, nombró una Comisión Constituyente, integrada por siete personas, con el propósito de redactar un Proyecto Constitucional. Este texto fue promulgado el 23 de octubre de 1818, después de un plebiscito nacional entre las localidades de Copiapó y Cauquenes. Se consagró el principio de soberanía nacional en cuanto la Nación tiene la facultad de instalar su gobierno y dictar las leyes que lo han de regir. El país quedó dividido en tres provincias: Coquimbo, Santiago y Concepción; se reconoció la separación de poderes; el Poder Ejecutivo era ejercido por el Director Supremo con amplias atribuciones; el Poder Legislativo estaba conformado por un Senado con cinco vocales designados por el Director Supremo (inusual en la tradición constitucional de división de poderes), y cuya función era velar por la observancia de la Constitución y las leyes; y, el Poder Judicial fue entregado a un Supremo Tribunal Judiciario y a una Corte de Apelaciones y juzgados subalternos.
- Constitución Política de 1822: el nuevo código político fue promulgado el 30 de octubre de 1822. En la redacción de este texto se trató de adaptar a la nueva forma de gobierno semi-republicano la Constitución de Cádiz de 1812, además de algunas disposiciones de la Constitución de 1818. Disponía que el Gobierno de Chile sería siempre representativo, compuesto por tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Consagró las garantías individuales y declaró que todos los chilenos eran iguales ante la ley sin distinción de rango o privilegio. Lo novedoso de este texto constitucional fue la adopción de un sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados, con miembros elegidos, y un Senado compuesto por distintas personalidades del mundo político, religioso y cultural, como los ex directores supremos, los miembros de la Corte de Representantes, los ministros de Estado, entre otros. Dejó de regir el 28 de enero de 1823, fecha de la abdicación de O`Higgins. Entre enero y diciembre de ese año se firma el Acta de Unión de las Provincias, una especie de constitución provisional.
- Constitución Política de 1823: su principal redactor fue Juan Egaña, quien presidió la comisión designada por el Congreso Constituyente. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1823, siendo la primera constitución nacional aprobada por un Congreso Constituyente. En este texto se declararon los derechos fundamentales y sus garantías, la soberanía nacional, la separación de poderes y la figura del Director Supremo con amplias atribuciones. Sin embargo, la complejidad de las instituciones que en ella se establecían y el procedimiento engorroso para la tramitación de las leyes, como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos por medio de la proposición de un “Código Moral” en la constitución, hicieron imposible ponerla en práctica. De allí que será conocida como la Constitución “moralista” de Egaña. Rigió hasta el 10 de enero de 1825. Desde ese momento, el Director Supremo, Ramón Freire Serrano, gobernó de facto.
- Proyecto Constitucional de 1826: se dictó el 31 de enero de 1826 y corresponde al Reglamento del “Proyecto para la administración de las Provincias”. Luego se siguieron dictando leyes federales, pero nunca fue denominada propiamente como una constitución. Este proyecto tuvo sus orígenes en las ideas del federalismo propiciadas por José Miguel Infante. Sin embargo, este proyecto federalista no prosperó, debido a la escasez de recursos propios de cada provincia y a la falta de facultades concedidas al Ejecutivo. A lo anterior se sumó la autodisolución del Congreso, lo cual generó inestabilidad política. Un cambio muy importante ocurrió el 8 de julio de 1826 cuando se sustituye la figura del Director Supremo por el Presidente de la República, denominación que se emplea por primera vez para el Poder Ejecutivo.
- Constitución Política de 1828: ese año se formó un Congreso Constituyente acordando que la forma de gobierno fuera la “popular representativa republicana”. Se designó una comisión encargada de redactar un proyecto constitucional, que en la práctica quedó encargada al literato liberal español José Joaquín de Mora. Fue promulgada el 8 de agosto de 1828 y pretendía ser equidistante entre el fracasado esquema federalista y el autoritarismo centralizador que propiciaban algunos “pelucones” y “estanqueros”. En ella se estableció la institución del Vicepresidente. El Poder Legislativo residía en dos Cámaras: Senado y Cámara de Diputados. El Poder Judicial quedó integrado por ministros de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por el Congreso, y los jueces designados por el Ejecutivo. Esta Constitución fue una de las más desarrolladas a la fecha de su promulgación, aunque como aquellas, se decía que no respondía a la realidad social y cultural del país. En todo caso, sus disposiciones esenciales fueron la base para la Constitución Política de 1833.
Constitución Política de 1833

El período de Organización de la República recién vino a finalizar en el año 1830 con la Batalla de Lircay. En este combate se impuso el bando liberal-conservador por sobre el grupo liberal, asegurando el dominio de Santiago por sobre otras provincias, dando origen a la llamada República Conservadora que se extendería entre 1831 a 1861, fecha en la cual asume el Presidente Joaquín Prieto.

Fue durante este período que el Estado de Chile se conformó institucionalmente con la Constitución de 1833, promulgada el 25 de mayo de ese año, pese a que la Constitución de 1828 estableció que no podía ser modificada hasta 1836. Con esta nueva Carta, se estructuró al Estado según las necesidades de la élite social y política de aquel tiempo, otorgándole al país un período de cierta estabilidad importante para su desarrollo, inédito en la región, el que solo terminaría en el año 1924 con el llamado “ruido de sables”, con excepción, como se ha dicho, de la Guerra Civil de 1891.

El principal ideólogo de esta Carta fue Diego Portales, quien propuso la creación de un Poder Ejecutivo fuerte e impersonal, con un Gobierno apoyado bajo el principio de autoridad y el respeto a la Ley, destinados a preservar el orden público. Los redactores del texto fueron el liberal Manuel José Gandarillas y el conservador Mariano Egaña, quienes debieron ceder en sus posiciones ideológicas para llevar a buen término su cometido.

La Constitución constaba de 168 artículos, agrupados en 12 capítulos. En su preámbulo declaró que el régimen de gobierno era “popular representativo” y que “la soberanía residía esencialmente en la Nación, que delegaba su ejercicio en las autoridades que establece la Constitución”.

La religión del Estado era la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. En lo referido a la ciudadanía señalaba:

“Son ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que habiendo cumplido 25 años, si son solteros y 21, si son casados, y sabiendo leer y escribir, tengan alguno de los siguientes requisitos: una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de giro o industria y el ejercicio de una industria o arte, o el goce de algún empleo, renta o usufructo”.

Se reconocían garantías constitucionales: igualdad ante la ley, igualdad en la admisión a todas las funciones públicas y empleos, igualdad en el reparto de los impuestos y contribuciones a proporción de los haberes, libertad de permanecer en cualquier punto de la República, inviolabilidad de todas las propiedades, derecho de petición, libertad de imprenta y mantención del régimen de mayorazgos con algunas salvedades. Cabe reflexionar sobre el alcance real de estas igualdades y libertades en un contexto donde la ciudadanía, como hemos visto, estaba limitada. La adquisición de la nacionalidad estaba condicionada a la posesión de capital o industria, residencia de diez años para los solteros, seis para los casados con extranjeras y tres para los casados con chilenas.

El Poder Ejecutivo recaía en un ciudadano con el título de Presidente de la República, quien administraba el Estado y era Jefe Supremo de la Nación. Para ser elegido debía haber nacido en el territorio nacional y tener no menos de 30 años de edad. Duraba en su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido por un lapso igual de tiempo. Se elegía por electores designados por los departamentos en votación indirecta. Entre sus principales atribuciones estaban: designar a los Ministros de Estado, intendentes y gobernadores; ejercer el patronato y el exequátur; vetar por un año los proyectos de ley que le presentaba el Congreso y decretar el Estado de Sitio, entre otras.

Los ministros de Estado podían desempeñar simultáneamente cargos parlamentarios, pudiendo asistir a sesiones de las ramas del Congreso y participar en sus deliberaciones, aunque no tenían derecho a voto aquellos que no formaban parte de la respectiva Cámara. Los ministros podían ser acusados constitucionalmente por el Congreso, destituyéndolos de sus cargos.

La Constitución de 1833 estableció un Consejo de Estado compuesto por los Ministros de Estado y por funcionarios designados por el Presidente de la República, el que entre sus funciones incluía proponer ternas para ocupar los cargos del Poder Judicial y emitir su opinión frente a las consultas del Jefe de Estado.

El Poder Legislativo residía en un Congreso Nacional, compuesto por dos Cámaras: una de diputados, elegidos por los departamentos de votación directa (uno por cada 20.000 habitantes), y un Senado, integrado por 20 senadores nombrados por electores, que para este objeto designaban los departamentos en número triple al de los diputados.

La misión del Congreso consistía en discutir y aprobar las leyes, entre las cuales estaban las llamadas leyes periódicas (actualizables cada 18 meses), el cual era el único mecanismo con el que Congreso contaba, hasta 1870, para atenuar el poder del Presidente de la República. Dentro de estas leyes se incluían la ley de presupuesto (autorizaba los gastos del Estado), la Ley de Cobro de Contribuciones, y la ley referente a la existencia de Fuerzas Armadas de mar y de tierra. Entre las atribuciones exclusivas del Congreso estaban la de: “autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias, debiendo siempre señalarse expresamente las facultades que se le conceden y fijar un tiempo determinado a la duración de esta ley”.

La Constitución establecía que no podían ejercer funciones judiciales ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional. Los tribunales establecidos eran los encargados de administrar justicia, decidiendo las controversias conforme al derecho vigente (que en aquella época aún tenía fuertes componentes del derecho español). Se estableció la inamovilidad de los jueces, salvo en casos especiales como cohecho, falta de observancia de las leyes o mala administración de justicia. Las Fuerzas Armadas eran una entidad obediente y no tenían derecho a deliberar en asuntos políticos y judiciales.

La Constitución de 1833 tuvo carácter presidencialista durante sus primeros cuatro decenios de vigencia. A partir de 1871, se dará comienzo a una serie de reformas constitucionales, sumado a prácticas políticas que contribuirán, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, a la instauración en Chile de un régimen parlamentario o a un “parlamentarismo a la chilena” que existió hasta el año 1925.
- Algunas de las principales reformas a la Constitución Política de 1833:
- La primera es la del 27 de julio de 1865. Se trata de una ley interpretativa del artículo Nº 5, que permite la libertad de cultos alternativos al católico, permitiendo su práctica en recintos privados.
- El 8 agosto de 1871 se dispuso por ley que el Presidente de la República duraría en el ejercicio de sus funciones cinco años, sin poder ser reelegido para el siguiente período.
- El 25 de septiembre de 1873 se aprueba una ley que se refiere a los quórum que necesitan las cámaras para sesionar. El Senado sesionaría con la tercera parte y la Cámara con la cuarta parte de sus miembros.
- En 1874, se modifican las condiciones para la nacionalización por parte de los extranjeros: después de un año de residencia en el país se obtiene la nacionalidad. Por otra parte, se agregan a las garantías constitucionales el derecho a reunión sin permiso previo y sin armas, el derecho de asociación, el derecho de petición y la libertad de enseñanza. También ese año se reforma la manera de elección de los diputados y se dispone que los senadores se escogerían por votación directa en las provincias. Además, se aprueban varias leyes que otorgan mayores atribuciones al Congreso. Entre las más importantes está la ley que permite agilizar la acusación a los Ministros del gobierno de turno. Otra se refiere a otorgar al Ejecutivo un plazo no mayor a la de un año para restringir la libertad personal y la libertad de imprenta. Por otra parte, se disminuyeron las atribuciones del Poder Ejecutivo, principalmente en los casos de Estado de Sitio, y también se disminuyeron las atribuciones del Consejo de Estado y la Comisión Conservadora, ambos organismos asesores del Presidente de la República.
- En enero de 1882 se establecieron nuevas normas para las reformas constitucionales. Entre otras reformas, la iniciativa de ley podía originarse ahora en ambas cámaras, y las leyes se aprueban con mayoría absoluta.
- El 19 de agosto de 1888, se amplía el universo elector, pues se dispone que son ciudadanos activos con derecho a sufragio los [hombres] chilenos que hubieren cumplido 21 años de edad, que sepan leer y escribir y estén inscritos en los registros electorales. Ya no existe diferenciación entre solteros y casados, ni tampoco se exige tener una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de giro o industria y el ejercicio de una industria o arte, o el goce de algún empleo, renta o usufructo. El 14 de diciembre de ese mismo año se dictó una ley de incompatibilidades parlamentarias, que impedía ser electo a una serie de funcionarios del Estado.
- El 26 de febrero de 1924 se introdujo una importante modificación al Texto Constitucional. Esta consistía en que los diputados podrían manifestar si los Ministros merecían o no la confianza del Poder Legislativo. Con esta modificación se consolidaba definitivamente el sistema parlamentario de gobierno.
Constitución Política de 1925

Este texto constitucional establece (o restablece) el presidencialismo como régimen de gobierno. Rige buena parte del siglo XX, otorgándole el Estado un papel fundamental en el desarrollo político, económico, social y cultural del país.

El 7 de abril de 1925, reasumiendo la presidencia de la República Arturo Alessandri Palma, decide convocar a una Comisión Consultiva de 122 personas, compuesta por hombres de los principales partidos políticos (de conservadores a comunistas que gozaran de su confianza), representantes de las organizaciones sociales y de la alta oficialidad del Ejército, con el objeto de preparar un proyecto constitucional que reemplazara a la Constitución de 1833. Esta comisión, sin embargo, no fue tan representativa y existe consenso en que se impuso la voluntad del Presidente Alessandri, modelando las características de la nueva carta política.

Se trataba de cambiar el sistema parlamentario por el presidencial, con el fin de que el Presidente pudiese designar libremente a sus Ministros y que estos no pudieran ser derribados por mayorías ocasionales en el Parlamento. En definitiva, se deseaba que el Presidente de la República fuera efectivamente el Poder Ejecutivo y que el Congreso Nacional se concentrara en su labor legislativa. El nuevo texto constitucional fue finalmente redactado por una subcomisión de 15 personas, donde destacaron José Maza Fernández, Domingo Amunátegui y Carlos Estévez, y aprobado en un plebiscito en julio de 1925.

Cabe destacar que durante el período 1918-1925, un grupo de actores sociales como la Federación Obrera de Chile, los profesores, la Federación de Estudiantes de Chile, sectores industriales, las organizaciones de arrendatarios y la oficialidad joven del Ejército, los cuales organizaron la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (1918), generando asambleas legislativas sobre temas económicos, políticos y sociales para buscar reformas legislativas, y la búsqueda de una nueva constitución, por medio la denominada Asamblea Popular Constituyente (1925) demanda que resultó ignorada por el sistema político.

La carta de 1925 instituyó un Ejecutivo fuerte, con amplias atribuciones administrativas, sin desmedro de las libertades públicas y de las garantías individuales. El Presidente es Jefe de Gobierno y de Estado. Nombra y remueve discrecionalmente a los Ministros que deben gozar de su exclusiva confianza, ejerciendo importantes funciones colegisladoras y nombrando a los jueces de los Tribunales ordinarios de Justicia a proposiciones en ternas o quinas (grupos de tres o cinco) de las Cortes de Apelaciones o Corte Suprema según sea el caso. El Presidente duraría en su cargo seis años, siendo elegido por sufragio universal directo. Se crea la incompatibilidad entre los cargos de parlamentario con la de Ministro de Estado.

El Poder Legislativo lo conformaba un Congreso bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Los Diputados, que ejercen además de la función de fiscalización de los actos de gobierno y de la administración, podían acusar constitucionalmente ante el Senado al Presidente de la República, los Ministros de Estado, generales y almirantes, intendentes y gobernadores, entre otros funcionarios por los delitos que la Constitución establecía. La forma del Estado era unitaria y establecía una cierta posibilidad de descentralización provincial. Hacia fines del período de vigencia de este texto constitucional, se fue consagrando un Estado Social de Derecho. Durante su vigencia, se estableció la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en lo que se refiere a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada persona un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades básicas y a las de su familia.

Esta Constitución estableció la separación de la Iglesia del Estado y garantizó la más amplia libertad de conciencia y de cultos. Suprimió el Consejo de Estado y la Comisión Conservadora que consagraba la Constitución del 1833 por carecer de justificaciones plausibles. Creó el Tribunal Calificador de Elecciones, reemplazando al sistema de la Constitución anterior, en el cual las propias cámaras calificaban las elecciones de sus miembros.

La Constitución de 1925 terminó con las leyes periódicas como fuente de presión política del Congreso hacia el Presidente de la República, disponiendo que si el Poder Legislativo no aprobaba las leyes de presupuesto presentadas por el Ejecutivo en un plazo fijado por la Constitución, regiría automáticamente el proyecto presidencial. A su vez, el texto de 1925 estableció un sistema de control de constitucionalidad de las leyes con efecto para el caso particular que conocía. Este se concretaba a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, el cual la jurisprudencia limitó a la inconstitucionalidad de fondo.

Esta es una de las razones que llevó a establecer, en 1970, un Tribunal Constitucional encargado de realizar un control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley, es decir, una revisión que se realiza antes de que sea promulgada. Recién con la reforma constitucional de 2005, tanto el control preventivo, como los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y de inconstitucionalidad (con efecto derogatorio), pasaron a ser competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.

Esta Constitución, si bien ha recibido cuestionamientos en cuanto a su legitimidad de origen, fue legitimada por la práctica política del período que va entre 1925 a 1973. La Constitución de 1925 vio su fin con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, donde se cesó la labor de las Cámaras del Congreso Nacional y se bombardeó el Palacio de La Moneda.

Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros impusieron el Decreto Ley Nº 1, donde la Junta declaraba que “se respetará la Constitución y las leyes de la República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone”. Esta declaración, en los hechos, viene a poner por escrito lo que ya ocurría en la realidad, la Constitución y las leyes se encontraban subordinadas al poder militar.

deinofero · November 28, 2019 at 12:48

hace 16 minutos, Draconus dijo:

Puta el video sharsha, si te informas asi, claro, es fácil entender porque piensas como piensas...

Editado November 28, 2019 at 12:50 por deinofero

Mr_oD · November 28, 2019 at 12:55

in memoriam de don keru, un ladrillo de aquellos.

En febrero de 1848, casi coincidiendo con la revolución que ese año conmovería a Europa, vio la luz el Manifiesto del Partido Comunista. Redactado por Carlos Marx y Federico Engels, el Manifiesto, constituyó la carta de presentación de una organización obrera internacional, la Liga de los Comunistas, que luchaba por abolir el injusto sistema capitalista y construir el socialismo.

Además de un programa, el Manifiesto es una magnífica síntesis de la teoría social que más ha influido en la sociedad actual, el marxismo. Desde que fue escrito, y gracias a su sencilla redacción, este manifiesto ha sido fuente de inspiración y escuela política de trabajadores de todo el mundo.

Su propuesta, resumida en una idea es: los trabajadores del mundo debemos constituir nuestro propio partido para luchar contra la burguesía (sus partidos y gobiernos), conquistar el poder político y acabar con la miseria que nos impone el capitalismo, construyendo una sociedad basada en el bienestar colectivo, el comunismo, sobre la base de la propiedad social de los medios de producción.

Pese al tiempo transcurrido el Manifiesto conserva en lo esencial de su planteamiento plena vigencia. Pero el marxismo no es un dogma religioso, ni este manifiesto es una Biblia. Por supuesto que hay aspectos obsoletos en él, además de fenómenos nuevos que han cobrado importancia y que sus autores no pudieron percibir al momento de su redacción porque la realidad aún no los había planteado con claridad. A esto nos referiremos más adelante.

Vigencia del Manifiesto

En principio, queremos destacar cinco ideas de lo que en el Manifiesto, a nuestro juicio, continúa siendo útil, lo que sigue siendo un arma política para los trabajadores del mundo, y que reafirma su vigencia 150 años después. A las ideas que mencionaremos rápidamente se pueden agregar otras más:

1. "La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases", primera afirmación del manifiesto, de profunda trascendencia teórica y práctica. Con ella se establece la base de la concepción materialista de la historia que, como dice Trotsky, puso fin a las interpretaciones que intentaban explicar la historia y el mundo social a partir de verdades morales absolutas y eternas.

Este decisivo aporte metodológico hecho por Marx y Engels, no sólo tiene utilidad teórica para interpretar el pasado, sino que es imprescindible para comprender las vicisitudes de la sociedad contemporánea. No podemos comprender los problemas que conmueven a nuestro mundo, si no partimos de la lucha incesante de clases sociales, que en el sistema capitalista se concreta en la lucha entre capitalistas y trabajadores.

Pasadala "caída del muro", y de la propaganda de que "el socialismo murió, el capitalismo triunfó", "fin de la historia", etc., El Manifiesto conserva toda su vigencia en este sentido.

¿Cómo explicar los problemas que se abaten sobre Europa occidental, como la crisis del "euro", sino nos referimos a la lucha de clases: por ejemplo, a la huelga francesa de diciembre del 95, o a las luchas de los obreros alemanes por preservar sus conquistas sociales? ¿Cómo explicar que, pese a la política de burócratas como Yeltsin, el capitalismo no termina de restaurarse en la ex URSS y el Este, si no nos referimos a la resistencia de los trabajadores rusos el absoluto control capitalista de la industria?

2. "Mas toda lucha de clases es una lucha política". Esta conclusión obligada y derivada de la primera idea es decisiva para el futuro de la lucha de clases mundial y del movimiento obrero. Los reformistas de todo tipo tratan de negarla, limitando las luchas obreras al plano económico, o levantando falsas esperanzas en algún sector supuestamente "progresivo" de la burguesía, y negando que, en última instancia la única solución a todas las reivindicaciones obreras se resume en una tarea política: la toma del poder por el proletariado.

Esta lección elemental del Manifiesto sigue planteada con mayor urgencia en los países atrasados, donde los dirigentes traidores del movimiento obrero han impedido, hasta ahora, la conformación de la "... organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político...", independiente de la burguesía, peldaño elemental para la lucha por la revolución socialista.

La lucha que opone a capitalistas y obreros, obliga a los últimos a combatir a los patrones, sus partidos y sus gobiernos, y a constituir partidos que representen a los trabajadores, que dirijan la lucha por la toma del poder y el socialismo.

3. "Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad".

Si esto era cierto hace siglo y medio, ahora lo es todavía más. No podemos entender nada de la crisis económica que conmueve a Asia y al mundo, en 1998, sin recurrir al análisis que hacen Marx y Engels en el Manifiesto sobre las crisis capitalistas.

Pese a todas las promesas respecto a un nuevo tipo de sociedad, hechas por el neoliberalismo y la mundialización de la economía, y repetidas por los renegados del marxismo, ésta no ha superado la leyes básicas del sistema capitalista descritas por Marx y Engels.

Por esa razón, sigue estando en la base de cualquier explicación científica de la crisis económica la caída constante de la cuota de ganancia, por efecto del desarrollo de las fuerzas productivas que, contradictoriamente, en el capitalismo, sólo aumentan el desempleo y la miseria entre los trabajadores.

4. Para describir la situación que afecta al proletariado mundial, ¿qué es más preciso que la siguiente afirmación?: "El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza".

Como dijera Trotsky en A noventa años del Manifiesto Comunista, una pléyade de curas, profesores, ministros socialdemócratas y periodistas han combatido la "teoría de la pauperización" creciente de la clase obrera. Para hacerlo han intentado hacer "pasar a la aristocracia obrera por el proletariado o tomando por estable una tendencia pasajera".

Pero la miseria capitalista es tan evidente que un organismo imperialista como las Naciones Unidas se ve obligado a reconocer que, de los 5,400 millones de habitantes del planeta, al menos 1,100 millones naufraga en la pobreza, y que el 10% de la población mundial sufre de malnutrición.

Esta realidad, que ataca principalmente a los llamados "países subdesarrollados", donde vive el 90% de la población mundial, no es ajena a los grandes países capitalistas. Estados Unidos cuenta ya con unos 40 millones de pobres, mientras que la miseria crece en Europa occidental acompañada del alto desempleo que afecta a 18 millones de personas, más del 10% de la fuerza laboral. Que lo digan los trabajadores de Rusia, a quienes se les prometió el "paraíso" capitalista, y están viendo cómo sus vidas se hunden en la miseria con la medidas de restauración capitalista.

Por eso, los trabajadores están obligados a luchar, y tomar el poder, para poner la producción al servicio de todos. "En este sentido los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula: abolición de la propiedad privada", dice el Manifiesto. Y luego aclara que se trata de la gran propiedad capitalista, no de la pequeña propiedad de campesinos y artesanos.

5. La otra importante afirmación del Manifiesto, que conserva su actualidad, es que "los obreros no tienen patria", son una clase que tiene los mismos problemas en todo el mundo y luchan contra el mismo enemigo: el capitalismo.

Si esto era cierto 1848, cuando el capitalismo aún estaba en una fase de libre concurrencia y grandes zonas del planeta vivían todavía bajo otros modos de producción social, lo es con mayor razón en el siglo XX, fase imperialista del capitalismo en la que casi no hay país que se escape a la extracción de plusvalía.

La concentración y centralización del capital es tan grande que ha surgido un estado mayor de la burguesía imperialista, que define la política y la explotación económica en el mundo entero, el cual se encarna en organismos como el Grupo de los Siete, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Desde ellos se imponen recetas económicas antipopulares igualitas para todos los países que condenan al hambre a millones de seres humanos.

Para derrocar este sistema imperialista mundial se requiere la unidad de los trabajadores a nivel internacional. De todas las corrientes obreras, sólo el trotskismo sostiene la lucha consecuente por este criterio internacionalista del Manifiesto, bregando por la organización de un partido mundial de la revolución socialista, la IV Internacional, en el que se concrete el grito en que concluye El Manifiesto: "Proletarios de todos los países, uníos".

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Reconocer la vigencia de las ideas principales del Manifiesto Comunista, no implica que no haya algunos pasajes que se han quedado obsoletos, que algunas predicciones no se cumplieron en los ritmos previstos y que hoy habría que incorporarle importantes aspectos que la realidad posterior ha colocado y que no pudieron visualizar sus autores.

Hace 60 años León Trostky decía al respecto:

"¿Qué otro libro podría compararse, ni de lejos, con el Manifiesto Comunista? Pero esto no significa que, después de noventa años de desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas y de grandes luchas sociales, el Manifiesto no precise de correcciones y adiciones. El pensamiento revolucionario no tiene nada en común con la idolatría. Los programas y las predicciones se verifican y corrigen a la luz de la experiencia, que es el criterio supremo de la razón humana".

En ese momento, Trotsky hizo ocho observaciones al texto original para actualizarlo, que siguen siendo válidas:

1. En el Manifiesto se vaticinó una declinación y estancamiento inmediato del sistema capitalista, cuando en realidad hubo un gran desarrollo de las fuerzas productivas hasta principios de este siglo.

2. Se sobrevaloró la madurez del movimiento obrero previendo su triunfo revolucionario inminente.

3. El capitalismo analizado por el Manifiesto es el de la libre concurrencia, y su tendencia a transformarse en capitalismo monopolista la percibe Marx con posterioridad en El Capital.

4. Una visión unilateral del proceso de liquidación de las clases intermedias por el capitalismo.

5. En el prefacio de 1872, los autores declaran que las 10 reivindicaciones transicionales del capítulo II, eran obsoletas, lo cual fue aprovechado por los reformistas socialdemócratas para defender su "programa mínimo". Trotsky reivindica ese programa transicional y el verdadero espíritu del prefacio "contra el fetichismo de la democracia burguesa".

6. La parte "más envejecida", referente a la crítica de la literatura socialista, a la que habría que agregar una crítica de la degeneración de la Segunda y la Tercera Internacional.

7. El error de la previsión de que "la revolución alemana... no será sino el preludio de una revolución proletaria que la seguirá inmediatamente". Error debido a que Marx veía la revolución burguesa alemana produciéndose en condiciones más maduras (capitalistas) que la inglesa y francesa. Trotsky concluía que la madurez capitalista conlleva la pérdida de todo vestigio revolucionario de la burguesía, siendo incapaz (en los países atrasados) de consumar sus propias tareas históricas. Las cuales deben ser realizadas por la clase obrera combinadamente con las tareas socialistas, en el proceso de una revolución ininterrumpida (permanente). "Para los partidos revolucionarios de los países atrasados de Asia, Latinoamérica y Africa, la clara comprensión de la conexión orgánica entre la revolución democrática y la dictadura del proletariado -...- es una cuestión de vida o muerte", dice Trostky.

8. "El Manifiesto no contiene ninguna referencia a la lucha de los países coloniales y semicoloniales". En la medida en que creían inminente el triunfo del proletariado en los países avanzados, dieron por resuelta por esa vía el problema de las naciones oprimidas. A Lenin le correspondió el aporte principal en este sentido.

En el Programa de Transición, Trotsky incorpora éstos y otros señalamientos, para realizar una puesta al día del Manifiesto. Casi cincuenta años después, Nahuel Moreno haría lo mismo, con la redacción de Actualización del Programa de Transición.

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Deseamos centrar nuestra reflexión final, en la importancia del último punto señalado por Trotsky, la lucha por la independencia nacional de los países coloniales y semicoloniales para cualquier programa que se pretenda revolucionario.

El proceso de la revolución socialista en el siglo XX, contra todos los vaticinios de Marx y Engels, no se inició en países capitalistas avanzados, sino que la cadena se rompió por sus eslabones más débiles, países atrasados, donde la lucha por la autodeterminación nacional contra la expoliación imperialista ha tenido un papel de primer orden.

Poderosos movimientos de liberación nacional han marcado la lucha de clases de la presente centuria. No sólo la lucha por la independencia nacional de importantes naciones de África y Asia, sino también en América Latina la movilización popular ha tenido un claro carácter antiimperialista.

El derecho a constituir naciones independientes, que decidan libremente su futuro, frente a la agresión imperialista, ha movido revoluciones y al movimiento internacional de solidaridad que las ha apoyado, como fue el caso de Vietnam, Cuba, Nicaragua sandinista, etc.

La lucha contra la opresión nacional y por la autodeterminación de los pueblos, ha sido una poderosa palanca revolucionaria del presente. Esta constituye una de las tareas democráticas, la principal, que la burguesía de los países atrasados no puede cumplir porque se ha convertido en socia menor de la burguesía imperialista.

La lucha por la autodeterminación de las naciones oprimidas es tremendamente revolucionaria, ya que cuestiona directamente al sistema capitalista imperialista, rompe sus reglas del juego para la repartición del mundo en áreas de influencia y dominación, debilita al sistema capitalista.

Aunque los marxistas no somos "nacionalistas", sino que propugnamos por la unidad de la clase obrera mundial, tal y como señala el Manifiesto Comunista, hemos aprendido de Lenin a distinguir entre dos tipos de nacionalismo: el nacionalismo reaccionario de los países imperialistas, y el nacionalismo progresivo de los países oprimidos.

Como dijo el propio Marx, "cualquier nación que oprima a otra, forja sus propias cadenas". La opresión nacional debilita la lucha de la clase obrera de los países desarrollados y fortalece a su burguesía. Al revés, la liberación de las naciones oprimidas debilita a la burguesía imperialista y acerca el triunfo de los obreros de los países avanzados.

En los países coloniales, semicoloniales y dependientes la clase obrera, a la cabeza del pueblo, debe asumir la lucha por la autodeterminación nacional como una tarea esencial del proceso de la revolución socialista.

En palabras de Lenin: "Completa igualdad de derechos de las naciones; derecho de autodeterminación de las naciones; fusión de los obreros de todas las naciones; tal es el programa nacional que enseña a los obreros el marxismo, que enseña la experiencia del mundo entero y la experiencia de Rusia".

Hoy, este programa se expresa de manera muy concreta en la lucha y la solidaridad con Cuba, contra el bloqueo y la agresión norteamericana; en el derecho a la autodeterminación de Irak, contra la agresión imperialista; en el derecho a la independencia nacional de pueblos como Bosnia o Kosovo; el derecho del pueblo palestino a constituir su propio estado; la lucha del pueblo panameño contra la presencia de bases militares norteamericanas; en general, en la movilización de los pueblos del mundo contra las deudas externas y los planes económicos neoliberales impuestos por el FMI.

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